( Washington, DC, 16 de enero de 2020 ) – El Secretario de Agricultura de los EE. UU., Sonny Perdue, propone hoy una norma que implementaría la Orden Ejecutiva N.° 13831 del Presidente Trump (3 de mayo de 2018), eliminaría las cargas regulatorias sobre las organizaciones religiosas y garantizaría que las organizaciones religiosas y no religiosas sean tratadas por igual en los programas respaldados por el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA). La norma propuesta garantiza que los programas de servicios sociales respaldados por el USDA se implementen de una manera coherente con la Constitución y otras leyes federales aplicables, y también se basa en la Declaración de política de 2017 del Secretario Perdue sobre la Primera Enmienda que restableció el compromiso del USDA de salvaguardar los derechos de la Primera Enmienda de todos los estadounidenses.
“Nuestra nación se fundó sobre la base de la libertad religiosa y el derecho de cada persona a seguir su fe deseada sin interferencia del gobierno. Como agencia gubernamental, nos corresponde respetar los derechos de nuestros ciudadanos en cada acción que emprenden nuestros empleados del USDA”, dijo el Secretario Perdue. “Los hombres y mujeres de la agricultura estadounidense son la sal de la tierra y saben lo importante que es preservar nuestros derechos como estadounidenses para el éxito de las generaciones futuras. Las libertades de pensar, hablar y reunirse son esenciales para nuestro sistema de gobierno y son las claves de por qué Estados Unidos está prosperando”.
Según las normas actuales que rigen los programas respaldados por el USDA, los proveedores religiosos de servicios sociales (pero no otros proveedores de servicios sociales) deben hacer derivaciones en determinadas circunstancias y deben publicar avisos sobre este procedimiento de derivación. Estas cargas regulatorias habían sido exigidas por la Orden Ejecutiva N.° 13559 (17 de noviembre de 2010) del entonces presidente Obama. En consonancia con la Orden Ejecutiva N.° 13831 (3 de mayo de 2018) del presidente Trump, la norma propuesta por el USDA las eliminaría de las regulaciones del USDA. Como observa la norma propuesta por el USDA, estas cargas no eran exigidas por ninguna ley aplicable y, dado que se impusieron solo a los proveedores de servicios sociales religiosos, están en conflicto con un precedente reciente de la Corte Suprema sobre la no discriminación contra las organizaciones religiosas. La norma propuesta también impedirá otro trato desigual de las organizaciones religiosas al garantizar que no se les exija que brinden garantías o avisos que no se exigen a las organizaciones seculares.
Al obligar a las organizaciones religiosas, pero no a las seculares, a publicar avisos especiales y hacer referencias, los requisitos de proveedores alternativos impusieron cargas desiguales a las organizaciones religiosas y arrojaron sobre ellas sospechas injustificadas.
Además, la norma propuesta aclarará que las organizaciones religiosas pueden solicitar premios en las mismas condiciones que cualquier otra organización y que cuando el USDA seleccione a los beneficiarios de los premios, no discriminará en función del carácter religioso de una organización. La norma propuesta también aclara que las organizaciones religiosas que participan en los programas respaldados por el USDA conservan su independencia del gobierno y pueden continuar llevando a cabo sus misiones de conformidad con las protecciones de la libertad religiosa en la ley federal.
La norma propuesta incorpora el Memorándum del Procurador General de 2017 para todos los departamentos y agencias ejecutivas, Protección de la ley federal para la libertad religiosa . Ese memorando se emitió de conformidad con la Orden Ejecutiva N.° 13798 del Presidente Trump (4 de mayo de 2017) y orienta a todas las agencias administrativas federales y departamentos ejecutivos en el cumplimiento de la ley federal.
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