Ramonda Caña
Durante este tiempo, Ramonda realizó una pasantía en Desarrollo Rural y la Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles (OASCR) mientras obtenía su licenciatura en Ciencias en Economía Agrícola de la ilustre Universidad Estatal de Fort Valley, donde tuvo la oportunidad de unirse a una organización dedicada a brindar servicio comunitario a nivel nacional, Alpha Kappa Alpha, Sorority Incorporated. Como miembro de Alpha Kappa Alpha, Sorority Incorporated, Ramonda siempre tuvo pasión por ayudar a los demás, lo que la llevó a una carrera en derechos civiles. Después de graduarse, trabajó a tiempo completo con OASCR mientras completaba su programa de maestría en Políticas Públicas. Mientras estuvo en OASCR, Ramonda trabajó en una gran variedad de temas relacionados con los derechos civiles, como análisis de impacto de los derechos civiles; garantizar el acceso para clientes con dominio limitado del inglés; redactar avisos del Registro Federal, declaraciones de políticas y regulaciones departamentales; preparar análisis de impacto económico; redactar informes para el Congreso y otras agencias federales; responder a quejas por discriminación en programas.
En 2019, Ramonda se incorporó al Servicio de Alimentos y Nutrición como asesora técnica del director de Derechos Civiles. Durante este tiempo, Ramonda continuó brindando su experiencia en análisis de impacto de los derechos civiles, guiando el desarrollo de la guía CRIA y la guía de lenguaje inclusivo de género, y brindó asesoramiento técnico relacionado con la implementación de órdenes ejecutivas, solicitudes de modificación de comidas en programas de FNS y el cumplimiento de los beneficiarios con las leyes, regulaciones y políticas de derechos civiles.
En 2023, Ramonda Reed fue seleccionada para desempeñarse como directora de la División de Cumplimiento del Centro de Operaciones de Derechos Civiles. Ramonda ahora es responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes de derechos civiles, las órdenes ejecutivas, las regulaciones del USDA, las regulaciones departamentales y las políticas, así como de garantizar que las regulaciones, las reorganizaciones y los comités asesores no se implementen de una manera que cause un impacto adverso o desproporcionado en las poblaciones protegidas.
